Carlos Antonio Martin Soria Dall’Orso, Ph. D.

Especialista en derecho ambiental y derechos indígenas (Perú) 

La OTCA, como instrumento de las cancillerías de la región, es un espacio de dialogo multisectorial para el desarrollo de la política pública que debe ser fortalecido, para aumentar la intensidad, extensión y frecuencia de sus aportes, como lo ha hecho de inmejorable manera en materia de política pública indígena.

En la última década, la OTCA ha ayudado significativamente a la cooperación, colaboración, intercambio y reflexión conjunta sobre las acciones para la protección de los pueblos indígenas, especialmente en el caso de los pueblos en aislamiento voluntario, que ocupan millones de hectáreas de bosque amazónico prístino. Estos pueblos habitan conjuntos de polígonos compuestos de reservas territoriales, áreas protegidas y concesiones de varios tipos que son, en la práctica, un medio efectivo para la resiliencia del bosque amazónico, un instrumento de adaptación al cambio climático y un potencial para el desarrollo desde la Amazonia.

El delicado trabajo de política pública en estas materias, impulsado por una respetuosa, informada y técnica intervención de la OTCA, permite un dialogo, franco, abierto y motivador que facilita que las agencias estatales especializadas avancen en compartir aprendizajes y formular protocolos de abordaje de temas pendientes.

Así, la OTCA, opera como un espacio neutro y profesional, informado y sin distorsiones, de gobernanza común que permite construir planes y acciones para atender los desafíos del desarrollo de políticas públicas indígenas, en temas como protección territorial, salud, conocimiento tradicional y muchos más.

Así los Estados amazónicos se beneficiaron de un aliado que, desde la región, piensa, actúa y motiva al aprendizaje compartido y diálogo sincero, identificando qué ha funcionado mejor en la región y permitiendo el espacio para compartir estos aportes a la política pública.

La agenda de política pública para pueblos indígenas es una agenda que ha avanzado usualmente en periodos de acercamiento de los gobiernos al tema. Sin embargo, por su naturaleza de tema de política pública rural, para poblaciones de baja densidad; y, con locaciones muy remotas, ha sido usualmente difícil de comprender para muchos sectores de los Estados que operan más bien en el contexto urbano.

El tema de la política pública indígena en la región amazónica ha sido un tema de política internacional desde el contacto con los europeos. En el siglo XIX pasó a ser un tema de la política pública Latinoamericana con el debate sobre el impacto del comercio internacional del caucho.

Durante la segunda guerra mundial y ante la pérdida del acceso al caucho del Sudeste Asiático, Estados Unidos de América y sus aliados regresan a comprar caucho amazónico. En ese momento, la Convención para la Protección de las Bellezas Escénicas del Hemisferio Occidental nos hablaba de conservación de áreas protegidas, mientras que la legislación comenzaba a desarrollar propuestas de gestión de política forestal, mejor expresadas en los conceptos de Bosques Nacionales y Reservas Nacionales.

Lamentablemente para 1947, los poderes coloniales europeos propusieron la creación del Instituto de la Hylea Amazónica para la gestión de la región amazónica, encendiendo el debate sobre la internacionalización de la Amazonia que duraría décadas.

En 1979, los países amazónicos, con el liderazgo de Brasil, decidieron generar su propio instrumento de cooperación para el desarrollo y la adecuada gestión de los recursos amazónicos.

Desde entonces, los avances más significativos en legislación de política pública indígena se encontraban concentrados en 5 países de la región, de los cuales 2 de estos países concentraban la mayor parte del conjunto legislativo. Mientras los otros 3 países tenían abiertos procesos de dialogo con las organizaciones de pueblos indígenas para la generación de estas políticas.

Aun así la práctica de la gestión efectiva en campo estaba muy restringida a unos pocos casos. La OTCA proveyó la oportunidad para juntar las agencias estatales, el apoyo de la cooperación regional, los líderes indígenas y los experimentados especialistas en varias disciplinas para avanzar la política pública más allá del espacio normativo declarativo y afincarla en el espacio de las prácticas de gestión, tan necesarias para los beneficiarios de las políticas públicas. Porque la Amazonía ha sido, es y debe ser siempre nuestra ventaja comparativa para el desarrollo sostenible y endógeno.

04 de septiembre de 2019