En la mañana de hoy, durante la “Reunión de Estados del área de distribución del jaguar” en Cuiabá, en el marco de la plenaria de “Sinergias, Oportunidades y Acciones Conjuntas,” la OTCA anunció su firme compromiso de apoyar:
- Que los Estados miembros cumplan con los acuerdos CITES, CMS, y CDB.
- En las actividades de conectividad y conservación transfronteriza.
- A combatir contra el tráfico ilegal transnacional.
- Mejorar el intercambio de información y redes de comunicación.
- En la recaudación conjunta de fondos para iniciativas transfronterizas y regionales.
- Llevar a cabo campañas de concientización y educación.
En otro momento de la reunión, durante la plenaria titulada “Opciones existentes para el diseño de una plataforma intergubernamental”, la OTCA presentó el Observatorio Regional Amazónico (ORA) como una opción para ser utilizada a nivel subregional, que puede desempeñar un papel fundamental en el acuerdo que busca apoyar a los Estados y sus autoridades, facilitando el intercambio de experiencias e información, y supervisando las medidas de conservación del jaguar. Además, promovería la coexistencia, la prevención y el combate de la matanza ilegal y el tráfico ilícito de este felino, sus partes y derivados.
Este evento, que se lleva a cabo del 19 al 22 de septiembre, reúne representantes de 16 países y está siendo coorganizado por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y la CITES. Esta iniciativa cobra vital importancia al estar en consonancia con la Declaración de Belén, recientemente aprobada por los ocho países amazónicos, que en su objetivo 62, enfatiza: “…la necesidad de una cooperación efectiva entre los países de destino para combatir el tráfico ilegal de especies…”.
Se espera que esta reunión arroje resultados significativos, como la identificación de criterios para establecer un sistema de monitoreo de la matanza ilegal de jaguares y el tráfico ilegal de sus partes y derivados a largo plazo. Esto incluirá la participación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, las comunidades locales y los pueblos indígenas en la supervisión, así como un enfoque de género, según sea apropiado.
